PHOENIX — Un comité del Senado dio el primer paso a mediados de febrero para revertir una política que niega la tarifa matricular estatal a los “soñadores” en universidades estatales y colegios comunitarios.
La legislación aprobada por el Comité de Educación pediría a los votantes en 2022 que deroguen una ley aprobada por el electorado en 2006, en la que se estableció que cualquier persona que no esté en el país legalmente no tiene derecho a la tarifa matricular como residente del estado.
En su lugar, la Resolución Senatorial Concurrente 1044 (SCR, por sus siglas en inglés), de ser aprobada por la Legislatura y luego ratificada por los votantes, diría que sí califican para ello aquellos que cumplen con otros requisitos de residencia y se gradúan de una escuela preparatoria de ֱ.
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La aprobación final está lejos de ser determinada.
En primer lugar, la medida promovida por el senador Paul Boyer, republicano por Glendale, necesita ser aprobada ahora por el Senado en pleno y dos republicanos en el comité votaron en contra el 16 de febrero.
Además, no hay garantía de que todos los demócratas la apoyen.
La senadora Sally Ann Gonzales, demócrata de ճܳó, dijo que apoya lo que Boyer está tratando de hacer por los estudiantes afectados.
Pero se quejó de que la SCR 1044 no derogaría por completo toda la Proposición 300, la medida electoral de 2006, que también excluía a quienes no se encuentran legalmente en este país de otros beneficios, incluido el cuidado de niños y la educación para adultos.
Debido a esto, Gonzales dijo que podría votar en contra de esta propuesta cuando ésta llegue al pleno del Senado.
Boyer reconoció el punto, pero le insistió a que lo considerara.
“Lo que yo les diría es que no permitan que lo perfecto sea enemigo de lo grande”, dijo. “Y esto es un gran proyecto de ley”.
En concreto, Boyer dijo que, en el mejor de los casos, es cuestionable si él podrá obtener los votos en la Legislatura controlada por los republicanos para la derogación total de la Proposición 300. Además, es necesario que los votantes ratifiquen su propuesta porque la ley original fue aprobada por los votantes.
La iniciativa de 2006 fue aprobada por más del 71% de los votantes.
Posteriormente, en 2012, la administración Obama aprobó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Este programa permite a aquellos que fueron traídos ilegalmente a este país cuando eran niños, conocidos como “soñadores” y que cumplen con ciertas condiciones, que permanezcan y trabajen.
Basándose en esto, el consejo directivo de Maricopa County Community College concluyó que los beneficiarios de DACA estaban aquí legalmente y que tenían derecho a una tarifa matricular estatal. Después, cuando un juez de primera instancia falló a favor del college, la Junta de Regentes del estado adoptó la misma política como lo hicieron otros distritos, incluido Pima.
Todo eso se derrumbó cuando la Corte de Apelaciones del Estado decidió que la política era ilegal, decisión confirmada por la Corte Suprema del Estado.
Desde entonces, los regentes han adoptado lo que creen que es un compromiso aceptable: los soñadores pagan la matrícula a razón del 150% de lo que se cobra a los estudiantes del estado. Se consideró que ésta es una tarifa que cubre el costo real de la educación, evitando el asunto legal de si los beneficiarios de DACA recibían subsidio para su matrícula con dinero estatal.
Pero eso aún puede terminar costando $6,000 adicionales al año en una universidad estatal. El plan de Boyer busca eliminar esa disparidad.
Tyler Pace, representante republicano por Mesa, dijo que la propuesta tiene sentido.
Por un lado, señaló, la matrícula de los residentes está subsidiada, no solo por los contribuyentes de impuestos estatales, sino también por una tarifa matricular más alta que se cobra a los estudiantes internacionales y los de fuera del estado.
“No podemos dar una tarifa matricular estatal a todo el mundo”, dijo Pace. Pero dijo que aquí hay una cuestión más importante.
“¿En qué momento llegas a ser arizonense y recibes el beneficio de serlo?” preguntó Pace. La respuesta parece estar en la SCR 1044, comentó.
Dijo que el análisis realizado por Boyer parece sugerir que aquellos que podrían aprovechar esto son aquellos que tienen la intención de quedarse aquí, que planean criar a sus familias aquí, que pagarán impuestos aquí y beneficiarán a la economía de ֱ.
Ese análisis incluye específicamente asistir o graduarse de una escuela secundaria pública o privada, o haber recibido educación en casa mientras estaba físicamente presente en el estado, durante al menos dos años.
Pace dijo que no ve esto como una pérdida de dinero estatal. “En términos financieros, esto tiene sentido para mí”, dijo. “Vamos a recuperar el dinero mediante un beneficio económico a largo plazo”.
En cuanto a los asuntos legales pendientes más amplios que involucran a DACA, dijo, “ese es un problema federal” que debe ser resuelto por el Congreso.
Boyer dijo que cree que esto puede ser más simple que eso.
“Estos adultos jóvenes que fueron traídos aquí cuando eran niños, sin tener culpa, en todos sentidos son estadounidenses, a pesar de que no tienen un estatus legal reconocido por el gobierno federal”, dijo.
“Y en lo que a mí respecta, lo menos que podemos hacer es proporcionarles la tarifa matricular estatal”, dijo Boyer. “Esto les da un poco de esperanza”.
La medida pasa ahora al pleno del Senado.
